Devolución del IRPF a los mutualistas: quién y hasta cuándo

Por qué una pensión puede estar pagando dos veces

Antes de que la Seguridad Social quedara como hoy la conocemos, la protección de los trabajadores la gestionaban las mutualidades laborales de cada sector: la de banca, la de la construcción, la de la siderometalurgia y muchas otras. Los trabajadores aportaban a ellas, y durante buena parte de aquellos años esas aportaciones no podían restarse de la base del impuesto. Es decir: se pagaba impuesto sobre el dinero que se aportaba.

Décadas después, esa misma persona cobra una pensión que procede, en parte, de aquellas aportaciones. Si la pensión tributa entera, el mismo dinero paga dos veces. La disposición transitoria segunda de la Ley del IRPF existe para impedirlo: manda integrar la prestación en la base solo «en la medida en que la cuantía percibida exceda de las aportaciones realizadas a la mutualidad que no hayan podido ser objeto de reducción o minoración en la base imponible del impuesto y, por tanto, hayan tributado previamente».¹

Ese bloque tiene una sola versión, vigente desde el 1 de enero de 2007, y nunca ha sido modificado. La norma que da el derecho lleva diecinueve años quieta. Todo lo que se ha movido (y se ha movido mucho) es el procedimiento para pedirlo.

No hay un 25 %: hay cuatro reglas, y una de ellas es el 100 %

La ley escribe un solo número, y lo escribe del revés: su apartado 3 dice que, si no puede acreditarse la cuantía de las aportaciones que no pudieron reducirse, «se integrará el 75 por ciento de las prestaciones por jubilación o invalidez percibidas».¹ De ahí sale el 25 % que repite todo el mundo.

Cómo se traduce eso en la práctica lo publica la propia Agencia Tributaria, aplicando «las distintas sentencias del Tribunal Supremo, las últimas de fecha 28 de febrero de 2023 y 10 de enero de 2024».⁷ Y no es un porcentaje: son cuatro.

La primera fila es la que casi nadie aplica. En palabras de la Agencia, «la parte de la prestación de jubilación que corresponda a las aportaciones anteriores a 01/01/1967 se reducirá al 100%. Es decir, no tributará esta parte de pensión».⁷ No es una reducción del 25 % más generosa: es que esa parte de la pensión sale entera de la base.

La consecuencia práctica es que dos jubilados con la misma carrera cotizada pueden recuperar cifras muy distintas. Quien empezó a aportar en 1960 tiene una parte de su pensión libre de impuesto y otra reducida a la cuarta parte; quien empezó en 1970, solo lo segundo. Y quien aportó a una mutualidad sustitutoria no tiene ventana del 100 % en absoluto: toda su parte anterior a 1979 reduce un 25 %.

Cuatro exclusiones, y la primera es el lector más probable

La Agencia nombra cuatro pensiones que no dan derecho a nada, cada una con su razón.⁷

• Mutualidades laborales de autónomos, «puesto que ya fueron deducibles en su momento las aportaciones. De esta forma, no se produce una doble imposición en la pensión ahora obtenida». Es la exclusión que más solicitudes rechazadas produce, porque un autónomo jubilado es exactamente la persona que oye hablar de esto y da por hecho que le corresponde.
• Clases Pasivas, cuando el funcionario «sólo ha estado incluido durante toda su vida laboral en el régimen de Clases Pasivas, al no tratarse de una mutualidad». Si además aportó a una mutualidad en otra etapa, esa otra parte sí puede reducir.
• Pensiones de viudedad, «al no estar incluidas en la DT 2ª, por no derivar de aportaciones del perceptor de esta pensión». La reducción sigue a quien cotizó, no a quien cobra ahora.
• Pensiones no contributivas, «por no provenir de aportaciones previas», que es justo lo que la disposición exige.

Conviene además no confundir las mutualidades laborales de antes de 1979 con las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de hoy, que cubren accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Comparten media palabra y no comparten nada más: las segundas no dan derecho a esta reducción.

El escalonamiento de cuatro años que casi toda la guía sigue contando

Aquí empieza la parte que la mayoría de páginas todavía cuenta mal, y el motivo no es descuido.

En diciembre de 2024, la disposición final decimosexta de la Ley 7/2024 ordenó el procedimiento y, en su redacción original, lo repartió en el tiempo: los apoderamientos y la tramitación se harían «en función de la antigüedad del período impositivo al que corresponden a razón de un período impositivo por cada año natural iniciado a partir de 2025». Es decir, 2019 en 2025, 2020 en 2026, 2021 en 2027 y 2022 en 2028. Cuatro años de espera para cobrar lo de cuatro ejercicios.²

Siete meses después, la disposición final quinta de la Ley 5/2025, de 24 de julio, con efectos desde el día siguiente al de su publicación, el 26 de julio de 2025, reescribió esa disposición entera.³ El apartado del escalonamiento desapareció y en su lugar quedó lo contrario: el formulario del ejercicio 2019 y anteriores no prescritos «servirá también para solicitar la devolución correspondiente por aportaciones a mutualidades de los períodos impositivos 2020, 2021 y 2022, aún en el caso de que aquel se hubiera presentado con anterioridad a la entrada en vigor de esta disposición».²

Un formulario, los cuatro ejercicios, y con efecto retroactivo para quien ya lo había presentado.

Y la reforma viajó dentro de una ley de seguros de coche. La Ley 5/2025 es la ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor; la corrección del calendario de los mutualistas es su quinta disposición final, al final del texto. Por eso el cambio pasó casi desapercibido para quien sigue la actualidad fiscal, y por eso hay tantas páginas todavía en pie explicando una espera que dejó de existir hace más de un año.

Los 216 días que nadie suma

La misma reforma añadió un apartado 6 a esa disposición: «Desde el 22 de diciembre de 2024 hasta la fecha de entrada en vigor de esta disposición se entenderá suspendido el plazo de prescripción del derecho a solicitar las devoluciones».²

Entre el 22 de diciembre de 2024 y el 26 de julio de 2025 hay 216 días. Se añaden al plazo general de cuatro años del artículo 66.c) de la Ley General Tributaria,⁶ que se cuenta desde el final del plazo de declaración de cada ejercicio. El resultado deja de ser el 30 de junio de nada:

Dos cosas se leen en esa tabla. La primera: una suspensión no resucita lo ya prescrito, y por eso la disposición habla siempre de «2019 y períodos anteriores no prescritos». La segunda: el 2019 de casi todo el mundo estaba fuera de plazo antes de que existiera el formulario, y lo único que puede salvarlo es haber presentado algo antes.

Ese «algo antes» está expresamente protegido. El apartado 5 deja sin efecto los apoderamientos anteriores al 22 de diciembre de 2024 cuya devolución no se hubiera acordado. La Agencia lo confirma: «esta normativa dejó sin efectos las solicitudes cuya devolución no se hubiera acordado antes del 22 de diciembre de 2024, si bien su presentación, sí interrumpió el plazo de prescripción».⁸ Pero el mismo apartado añade que todo ello se entiende «sin perjuicio de los efectos interruptivos de la prescripción que se hayan podido producir».² Es decir: la solicitud se perdió, el reloj no. Y las devoluciones ya pagadas no se tocan.⁸

Cada ejercicio va por su vía, y usar la equivocada se inadmite

El error de procedimiento más caro no es llegar tarde: es llamar a la puerta que no es.

De 2023 en adelante no hay nada que solicitar. La Agencia calcula el ajuste dentro de la propia declaración: «en la declaración de Renta de 2025 se van a calcular ajustes sobre las pensiones de jubilación o invalidez, para conseguir esta menor tributación, tal y como se procedió para el IRPF 2024 en la anterior Campaña de Renta».⁹ Si su borrador ya lo recoge, no hay formulario que presentar por esos años. El porcentaje que le retienen cada mes de la pensión es otra cosa y se fija por su cuenta: eso lo decide el modelo 145.

De 2019 a 2022 la vía es el formulario de apoderamiento de la disposición final decimosexta, y no hay alternativa: su apartado 4 obliga a la Agencia a inadmitir «cualquier otra autoliquidación o, en su caso, solicitud de rectificación de autoliquidación que se presente por los contribuyentes con el objeto de obtener las devoluciones a las que se refiere esta disposición, cuando no se ajusten a lo dispuesto en la misma».² Presentar una rectificación ordinaria por esos ejercicios no es una vía más lenta: es una vía cerrada.

La ventana del formulario expiró, y ninguna Orden vigente abre otra

El artículo 14 de la Orden HAC/242/2025 aprobó el formulario, remitió su identificación electrónica al artículo 9.1 y fijó el plazo: «el comprendido entre los días 2 de abril y 30 de junio de 2025, ambos inclusive».⁴

La Orden HAC/277/2026, que aprueba los modelos del IRPF del ejercicio 2025, tiene doce artículos y ninguno sobre esto: la palabra «apoderamiento» no aparece ni una sola vez en su texto, y «mutualidad» aparece una, en la referencia genérica del artículo 1 a las aportaciones que reducen la base.⁵ Su predecesora tenía catorce artículos, y los dos últimos eran precisamente este formulario y su identificación.

Eso no significa que el formulario esté cerrado. La Sede electrónica sigue ofreciendo la gestión «Devoluciones IRPF ejercicios 2019 a 2022 y anteriores no prescritos: Formulario para su solicitud», y su ficha de procedimiento se actualizó el 22 de abril de 2026. La propia página de la Agencia sigue citando como normativa el artículo 14 de la Orden de 2025.⁸

Lo que significa es que la ventana publicada expiró, que ninguna Orden en vigor abre otra y que el trámite vive hoy de una gestión electrónica sin plazo escrito en ninguna norma vigente. Quien tenga un ejercicio vivo hace mal en esperar a que alguien lo aclare.

Un ejemplo con números reales

Un jubilado del INSS que aportó a una mutualidad laboral cobra 24.000 € brutos al año y cotizó 240 meses: 24 antes de 1967, 120 entre 1967 y 1978 y 96 desde 1979.

Prorrateando la pensión por esos meses, 2.400 € corresponden a la primera ventana, 12.000 € a la segunda y 9.600 € a la tercera.

La base pasa de 24.000 € a 18.600 €. Puede reproducir el reparto y cambiar los meses en el comprobador. A un tipo marginal del 30 %, el ahorro anual estimado es de 1.620 €. Si ese mismo jubilado tiene dos ejercicios vivos, el orden de magnitud de lo recuperable ronda los 3.200 €.

Un detalle que cambia el resultado y es fácil de pasar por alto: si esos mismos 240 meses se hubieran aportado a una mutualidad sustitutoria en lugar de a una laboral, todos ellos anteriores a 1979 reducirían un 25 % y la reducción total sería de 6.000 € en vez de 15.000 € que darían 120 meses anteriores a 1967. La ventana del 100 % es, en casi todos los casos, la mitad larga de la respuesta.

Lo que ninguna calculadora puede saber

Qué parte exacta de su pensión corresponde a cada ventana de aportación. La Agencia lo obtiene de su historial de cotización de la Seguridad Social, y usted no puede reproducirlo desde casa.

El comprobador de la devolución a mutualistas reparte la pensión prorrateando por los meses que usted indique, lo marca como estimación y devuelve un orden de magnitud. Sirve para decidir si merece la pena entrar en la Sede, no para discutir un céntimo con la Agencia. Y el ahorro se estima multiplicando la reducción por el tipo marginal que usted introduzca: no es una liquidación.

Tampoco decide si una mutualidad concreta era «laboral» o «sustitutoria». Esa clasificación depende de la entidad a la que se aportó y de cómo se integró después en la Seguridad Social, y es la primera cosa que conviene preguntar antes de calcular nada.