Cómo se presenta el modelo 600

La respuesta corta

El modelo 600 es la autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y no hay uno solo: la ley delega en cada comunidad autónoma la aprobación de su propio formulario⁵.

Dónde se presenta lo decide una lista ordenada, no un criterio. Y el plazo estatal, treinta días hábiles⁴, es sólo el que rige cuando su comunidad no ha fijado otro².

Por qué el mismo formulario existe diecisiete veces

El ITP y AJD es un impuesto del Estado cedido a las comunidades autónomas, y la cesión llega más lejos de lo que casi nadie explica. El artículo 55.1 de la Ley 22/2009 enumera lo que corresponde a la comunidad en la gestión de este impuesto, y su letra e) dice, sin más adjetivos, «la aprobación de modelos de declaración»⁵.

De ahí salen diecisiete formularios que se llaman igual y no son el mismo. Cambia la numeración de las casillas, cambian las validaciones del programa de ayuda, cambia el portal por el que se presenta y en varios casos cambia el plazo. Descargar el impreso de una comunidad para presentarlo ante otra no funciona, por mucho que el número coincida.

El apartado 2.a) del mismo artículo cierra el círculo por el otro lado, y es la razón de que buscar esto en internet sea tan frustrante: la contestación de consultas vinculantes no está delegada, salvo en lo que se refiera a las disposiciones dictadas por la propia comunidad⁵. Es decir, ninguna de esas diecisiete administraciones puede contestar por otra. Cada una responde de lo suyo y calla sobre lo demás, que es exactamente por qué la pregunta más frecuente sobre este formulario (compré en una comunidad y vivo en otra, ¿con quién me entiendo?) no tiene una página oficial donde resolverse.

La competencia se decide por orden, no por criterio

El artículo 103.1 del reglamento dice cómo se reparte, y lo primero que hay que leer es la frase que va antes de las reglas: se aplican «ateniéndose a las siguientes reglas de competencia territorial y por el orden de preferencia que resulta, siguiendo la propia enumeración de las mismas»⁴. El artículo 33.2 de la Ley 22/2009 repite la misma estructura para decidir qué comunidad se queda el rendimiento⁵, de modo que las dos preguntas (dónde se presenta y quién cobra) se contestan con la misma lista.

Letra A). Siempre que el documento comprenda algún concepto sujeto a la cuota gradual de Actos Jurídicos Documentados, es competente la oficina en cuya circunscripción radique el Registro en el que debería inscribirse⁴. Esa palabra, «siempre», es la que hace que esta regla vaya antes que todas las demás.

Letra B). Si no hay cuota gradual y la operación es societaria, manda el domicilio fiscal de la entidad⁴.

Letra C). Sólo en defecto de las dos anteriores entra la naturaleza del bien, y ahí hay siete reglas numeradas más una octava de desempate.

Ese orden no es una formalidad. Un documento que lleve cuota gradual de AJD se presenta donde deba inscribirse aunque el bien esté en otra comunidad y el adquirente viva en una tercera. Quien empieza a razonar por el bien está leyendo la tercera letra antes que la primera.

El inmueble va donde está; el mueble, donde vive quien lo compra

Dentro de la letra C), las dos reglas que cubren casi todas las operaciones de un particular apuntan en direcciones opuestas.

La regla 1.ª manda las transmisiones y los arrendamientos de bienes inmuebles, y la constitución o cesión de derechos reales sobre ellos, «al territorio en el que radiquen los inmuebles», y añade que si se refiere a varios situados en lugares distintos, es competente la oficina donde radiquen los de mayor valor⁴.

La regla 3.ª manda las transmisiones de bienes muebles, semovientes o créditos «al territorio donde el adquirente tenga su residencia habitual si es persona física o su domicilio fiscal si es persona jurídica»⁴.

La consecuencia práctica es clara y sorprende a mucha gente: un coche usado comprado en Sevilla por alguien que vive en Madrid se declara en Madrid, y el piso de al lado, comprado por la misma persona el mismo día, se declara en Sevilla. La Comunidad de Madrid lo explica en su propia página con esas mismas dos frases: se presentan allí las operaciones sobre inmuebles situados en la comunidad y las operaciones sobre bienes muebles cuando quien los adquiera tenga allí su domicilio fiscal⁸.

Conviene saber además que para un vehículo usado entre particulares casi todas las comunidades han aprobado un impreso propio, normalmente el 620 o el 621, en lugar del 600. El número del formulario cambia; la regla que decide quién lo recibe, no.

La regla 5.ª hace algo parecido con los préstamos simples, las fianzas, los arrendamientos no inmobiliarios y las pensiones, pero siguiendo al sujeto pasivo en lugar de al adquirente⁴, que no siempre es la misma persona. Y la 8.ª resuelve el caso de un documento que mezcla bienes de varias clases: prevalece la oficina correspondiente al acto o contrato de mayor valor⁴.

Treinta días hábiles, y por qué un mes es menos plazo

El artículo 102.1 del reglamento da «treinta días hábiles a contar desde el momento en que se cause el acto o contrato», y añade que tratándose de documentos judiciales el acto se entiende causado en la fecha de firmeza de la resolución⁴.

Qué significa hábil lo dice el artículo 30.2 de la Ley 39/2015: se excluyen del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos⁶. Los sábados son inhábiles desde octubre de 2016; con la ley anterior contaban, y por eso alguna guía vieja sigue dando una fecha más temprana de la que corresponde.

Treinta días hábiles son, por tanto, unas seis semanas de calendario. Un mes contado de fecha a fecha son cuatro. De modo que la comunidad que concede «un mes» está concediendo menos plazo que la regla estatal, no más, y es probablemente la confusión más cara que se puede tener con este formulario.

El artículo 30.4 explica cómo se cuenta un plazo por meses: concluye el mismo día del mes de vencimiento, y si en ese mes no hubiera día equivalente, expira el último día del mes⁶. Así, una escritura del 31 de enero con plazo de un mes vence el 28 de febrero, que es el último día que existe.

Lo que cambia de una comunidad a otra

El artículo 56.2 del texto refundido permite a las comunidades regular los aspectos de gestión y liquidación del impuesto, y remata con la frase que decide todo lo demás: «Cuando la Comunidad Autónoma no hubiese regulado dichos aspectos, se aplicarán las normas establecidas en esta Ley»². El plazo estatal es, pues, supletorio.

Comprobado el 17 de septiembre de 2026 en las páginas de las propias agencias:

Tres cosas de esa tabla merecen leerse despacio.

La primera es la horquilla. Sobre una misma escritura, la diferencia entre el plazo más corto y el más largo pasa de un mes.

La segunda es que Andalucía cuenta desde el día siguiente y lo escribe así, mientras que Cataluña y Galicia cuentan desde el propio día del acto. Andalucía mantiene además una regla distinta para los hechos imponibles anteriores al 1 de enero de 2022, que siguen en treinta días hábiles¹⁰: si lo que está regularizando es una operación antigua, el plazo que le correspondía no es el de hoy.

La tercera es que Galicia publica un plazo que el reglamento estatal no distingue: seis meses cuando lo que se declara es la consolidación del dominio por fallecimiento del usufructuario, contados desde el día del fallecimiento¹¹. Quien hereda una nuda propiedad y años después ve morir al usufructuario no está en el caso ordinario, y hace bien en mirar qué plazo le da su comunidad antes de suponer el general.

Y una advertencia sobre las fechas que calcule cualquier herramienta, esta incluida. El artículo 30.7 encarga a cada comunidad publicar su propio calendario de días inhábiles, que comprende también los de las entidades locales de su territorio⁶. Ninguna calculadora los conoce todos. Pero el apartado 6 convierte esa laguna en una garantía: cuando un día sea hábil en el municipio o comunidad donde reside el interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo, «o a la inversa», se considerará inhábil en todo caso⁶. Una fecha calculada sólo con los festivos nacionales es por tanto la más temprana posible, y un festivo local sólo puede retrasarla.

Qué se presenta, y el caso en que no sale nada a pagar

La obligación de fondo la fija el artículo 51.1 del texto refundido: los sujetos pasivos vienen obligados a presentar los documentos comprensivos de los hechos imponibles y, caso de no existir aquéllos, una declaración, en los plazos y en la forma que se fijen reglamentariamente¹. Y el artículo 99 del reglamento hace de la autoliquidación la regla general: es el contribuyente quien calcula el impuesto y lo ingresa, sin esperar a que la administración liquide³. La excepción son los hechos imponibles que deriven de las operaciones particionales de una herencia y se contengan en el mismo documento presentado para el impuesto de sucesiones.

Con la autoliquidación se acompaña copia auténtica del documento notarial, judicial o administrativo y una copia simple; si el documento es privado, se presenta por duplicado; y si el acto no está incorporado a documento alguno, una declaración escrita sustitutiva en la que consten las circunstancias relevantes³.

El caso que más dudas genera es el de la operación exenta o no sujeta, y el reglamento lo contempla expresamente. El artículo 107.4 dice que cuando de la autoliquidación no resulte cuota a ingresar, su presentación con los documentos se realiza directamente en la oficina competente, que sella la autoliquidación y extiende nota en el documento original haciendo constar la calificación que proceda³. Esa nota es lo que permite inscribir después. No presentar nada porque no había que pagar nada es lo que deja una escritura bloqueada en el Registro.

El artículo 98.2 enumera lo poco que no hace falta presentar: entre otras cosas las letras de cambio y las actas de protesto, los contratos de arrendamiento de fincas urbanas extendidos en efectos timbrados, y los poderes, facturas y demás documentos análogos del tráfico mercantil³.

Un detalle que ya no aplica y todavía se repite: el artículo 100, que regulaba la figura del presentador del documento, está derogado desde el 1 de enero de 2018³.

El modelo 601, que es el mismo impuesto con otro ritmo

El artículo 102 bis, añadido también en 2018, creó un régimen pensado para el comercio de segunda mano. Un empresario o profesional que adquiera regularmente bienes muebles a particulares para su actividad, en cantidad superior a cien adquisiciones mensuales, puede autoliquidar todas las compras de cada mes completo en un solo impreso, siempre que el importe individual de cada adquisición no supere 1.000 euros, en el plazo de treinta días hábiles a contar desde el último día del mes que se liquide⁴.

Las dos condiciones son cumulativas y los dos umbrales son estrictos en direcciones opuestas: con cien compras exactas no se cumple el supuesto, porque la norma pide «superior a 100»; y una sola factura de 1.001 euros lo rompe, porque pide que ninguna «supere» los 1.000. Ese es el régimen que se autoliquida con el modelo 601, y explica por qué una tienda de compraventa presenta una declaración al mes y no una por cada pieza que entra por la puerta.

Llegar tarde: recargo o sanción, y lo decide quién mueve primero

El artículo 27 de la Ley General Tributaria pone precio al retraso cuando es el contribuyente quien regulariza: un 1 % más otro 1 % adicional por cada mes completo de retraso respecto del término del plazo⁷. A los once meses son doce puntos.

A los doce meses no hay un punto más: hay un salto. El recargo pasa a ser del 15 % y, además, se exigen intereses de demora por el período transcurrido desde el día siguiente al término de esos doce meses hasta la presentación⁷. Es el único escalón del artículo y conviene no cruzarlo por unos días.

El importe del recargo se reduce un 25 % si se ingresa la totalidad del resto en el plazo que abre la notificación de la liquidación del recargo y se ha ingresado la deuda de la autoliquidación extemporánea al presentarla⁷.

Y ahora la condición que gobierna todo lo anterior, en el apartado 1: los recargos son la consecuencia de presentar «fuera de plazo sin requerimiento previo», entendiendo por requerimiento cualquier actuación administrativa realizada con conocimiento formal del obligado y conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento o liquidación de la deuda⁷. Si la administración se adelanta, esto deja de ser un recargo del 1 al 15 % y pasa a ser una infracción tributaria de los artículos 191 y siguientes, que se mide en porcentajes de la cuota dejada de ingresar. Mover ficha primero es literalmente lo que compra este artículo.

Un ejemplo con números reales

Una compraventa de vivienda usada firmada ante notario el 10 de marzo de 2026, con 20.000 euros de cuota de ITP. El comprador vive en Madrid y el piso está en otra comunidad.

Dónde. Es un inmueble y la escritura de compraventa no lleva cuota gradual de AJD, porque esa cuota exige que el acto no esté sujeto a transmisiones patrimoniales. Así que no entra la letra A), no es societaria, y manda la regla 1.ª de la letra C): se presenta donde está el piso, no donde vive el comprador⁴.

Cuándo. Depende de qué comunidad sea esa:

• con un mes, el 10 de abril de 2026;
• con los treinta días hábiles de la regla estatal, el 22 de abril de 2026 (el cómputo salta los fines de semana y el Viernes Santo, que en 2026 cae el 3 de abril);
• con dos meses, el 11 de mayo de 2026, porque el día 10 es domingo y el artículo 30.5 prorroga al primer día hábil siguiente⁶.

Un mes de diferencia entre la primera fecha y la última, sobre la misma escritura y con el mismo impuesto.

Cuánto cuesta olvidarlo. Supongamos que la comunidad aplica la regla estatal, el plazo venció el 22 de abril y el comprador se acuerda y presenta el 30 de junio, por su cuenta. Del 22 de abril al 22 de junio hay dos meses completos, y el 30 de junio todavía no es el tercero. El artículo 27.2 da un 1 % más dos veces un 1 %: 3 %, es decir 600 euros, que quedan en 450 con la reducción del 25 % si se ingresa todo a tiempo⁷.

Si en lugar de acordarse él hubiera recibido antes una comunicación de la comunidad autónoma, esos 600 euros no serían la cifra de la que hablar.