Verifactu: comprobador de obligación

El reglamento está en vigor desde diciembre de 2023. Lo que tiene fecha es la adaptación de los sistemas: el 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto de obligados del artículo 3.1. Esas fechas eran el 1 de enero y el 1 de julio de 2026 hasta que el Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, las movió un año, y antes habían sido el 1 de julio de 2025. Si una página le da una fecha de 2026, está leyendo una versión derogada.

Si desarrolla una actividad económica y factura con un sistema informático, sí: el artículo 3.1.b) nombra expresamente a los contribuyentes del IRPF que desarrollen actividades económicas. Su fecha es la de julio de 2027, no la de enero, porque la letra a) del mismo apartado está reservada al Impuesto sobre Sociedades. No hay ningún umbral de facturación que le deje fuera.

El reglamento se aplica a quien «utilice sistemas informáticos de facturación», así que quien factura íntegramente en papel queda fuera de su ámbito. El matiz importa: el artículo 3.1 alcanza al que los usa «aunque solo los use para una parte de su actividad», de modo que basta llevar una parte de la facturación con un programa para entrar. Una hoja de cálculo que admite, conserva y procesa información de facturación encaja en la definición del artículo 1.2.

Lo obligatorio es tener un sistema que cumpla el reglamento. Enviar los registros es voluntario y es lo que convierte al sistema en VERI*FACTU (artículo 16.1). Lo que suele sorprender es que la ruta que lo envía todo es la más ligera: el artículo 16.2 presume que cumple por diseño y el 16.3 la libera de firmar electrónicamente los registros, mientras que la ruta que se los queda en casa tiene que firmarlos, llevar el registro de eventos y entregar copia cuando se la pidan.

No durante ese año. El artículo 16.5 dice que se opta por el sistema «por el hecho de iniciar sistemáticamente la remisión» y que la opción se prolonga al menos hasta la finalización del año natural en el que se produjo el primer envío. La disposición final tercera prevé además que una orden ministerial fije los plazos y la forma de renunciar.

Sí. El artículo 3.3 excluye del reglamento a quien lleve los libros registro en los términos del artículo 62.6 del reglamento del IVA, que es el suministro inmediato de información. Y merece la pena leer el segundo párrafo de ese artículo 62.6: quien no está obligado a llevarlo puede optar por hacerlo. Es la única salida voluntaria que el reglamento deja abierta.

El artículo 201 bis de la Ley General Tributaria reparte en dos. El apartado 1 sanciona fabricar, producir o comercializar sistemas no conformes con 150.000 euros por cada ejercicio con ventas y por cada tipo distinto de sistema, y la letra f) con 1.000 euros por sistema comercializado sin certificado. El apartado 2 sanciona la tenencia con 50.000 euros por ejercicio, pero condiciona el supuesto a que los sistemas «no estén debidamente certificados teniendo que estarlo por disposición reglamentaria». El Real Decreto 1007/2023 no creó un régimen de certificación: impuso al productor una declaración responsable. Si esa condición se cumple es discutible y conviene preguntarlo, en lugar de dar por hecha la cifra mayor.

No, y es la confusión más extendida sobre el tema. Verifactu regula el software que emite las facturas, lo vigila la Agencia Tributaria y no cambia el formato: se puede seguir entregando una factura en papel. La factura electrónica entre empresas es el artículo 12 de la Ley 18/2022, la vigila la Secretaría de Estado de Digitalización, su sanción llega a 10.000 euros y sí cambia el formato. Y no tiene fecha: su disposición final octava hace correr los efectos desde la aprobación de un desarrollo reglamentario y condiciona además la entrada en vigor a obtener una excepción comunitaria a los artículos 218 y 232 de la directiva del IVA.

Pedirle a su proveedor de software la declaración responsable del artículo 13. El artículo 13.3 le da derecho a solicitarla, el 13.2 obliga a que conste por escrito y de modo visible en el propio sistema, y el plazo del fabricante venció el 29 de julio de 2025, así que es una pregunta sobre algo que ya debería existir. Es gratis y es un documento, no una compra.

El artículo 1.3 aplica el reglamento sin perjuicio del concierto y del convenio económico, y lo extiende a los obligados del artículo 3 «cuando tengan su domicilio fiscal en territorio común». El criterio es el domicilio fiscal y no el lugar donde se factura, y para Canarias, Ceuta y Melilla el mismo artículo remite a las especialidades de su normativa, leyendo las referencias al IVA como referencias al IGIC y al impuesto de Ceuta y Melilla.