Qué es Verifactu y a quién obliga

La respuesta corta

Verifactu es el reglamento que dice cómo tiene que ser el programa con el que usted emite facturas. No es un formato de factura, no le obliga a enviar nada y no cambia lo que entrega a su cliente¹.

Le alcanza si desarrolla una actividad económica y factura con un sistema informático. Y le da una de estas dos fechas: el 1 de enero de 2027 si paga Impuesto sobre Sociedades, el 1 de julio de 2027 en los demás casos².

Si ha leído en otro sitio que la fecha es de 2026, no es un error de quien lo escribió: era verdad hasta diciembre de 2025.

Las fechas se han movido dos veces, y la última en diciembre de 2025

La disposición final cuarta del Real Decreto 1007/2023 se ha reescrito dos veces desde que se publicó, y cada versión dice otra cosa:

La versión que rige es la tercera². Y conviene decir por qué está en vigor y no es una de esas medidas de diciembre que se caen en enero: el Real Decreto-ley 15/2025 fue convalidado por acuerdo del Congreso, publicado mediante resolución de 11 de diciembre de 2025². Hay un detalle jurídico poco habitual en él, y explica por qué esto se sigue llamando «Real Decreto 1007/2023»: su disposición final segunda es una salvaguarda del rango, de modo que una norma con rango de ley modificó un reglamento y le dejó expresamente su rango reglamentario.

Quién está obligado: primero el sistema, después el impuesto

El artículo 3.1 se abre con una condición y no con una lista: se aplica a los obligados tributarios «que utilicen sistemas informáticos de facturación, aunque solo los usen para una parte de su actividad»¹. Ahí está la primera cosa que sorprende: no hay ningún umbral. En todo el reglamento no aparece una cifra de facturación, ni de plantilla, ni de número de facturas. Lo que decide es si factura con un programa.

Sólo después reparte por impuesto, y en cuatro letras:

Una sociedad limitada y un autónomo que hacen exactamente el mismo trabajo tienen seis meses de diferencia, y lo único que lo decide es la forma jurídica².

Dentro de la letra a) hay un reparto más fino que casi nadie menciona. Las entidades totalmente exentas del artículo 9.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades quedan fuera del reglamento; las parcialmente exentas de los apartados 2, 3 y 4 del mismo artículo entran, pero «exclusivamente por las operaciones que generen rentas que estén sujetas y no exentas del Impuesto»¹. Es decir, una asociación puede estar obligada sólo para una parte de lo que factura.

La salida que el reglamento deja abierta

El artículo 3.3 dice que el reglamento «no se aplicará a los contribuyentes que lleven los libros registros en los términos establecidos en el apartado 6 del artículo 62» del reglamento del IVA¹. Ese apartado es el suministro inmediato de información, el SII.

Y merece la pena leerlo entero, porque tiene dos párrafos. El primero obliga a quien tenga un periodo de liquidación que coincida con el mes natural. El segundo permite a cualquier otro optar por llevarlos así⁵. Así que no es sólo una consecuencia de ser una empresa grande: es una puerta que una empresa pequeña puede abrir por decisión propia para salir del ámbito de Verifactu.

Es el mismo patrón que ya aparece en dos de nuestras páginas: estar dentro de un sistema le saca de otro. Una empresa en el SII presenta el modelo 303 mensualmente, el modelo 111 trimestralmente, no presenta el modelo 347, no presenta el modelo 390 y queda fuera de Verifactu. Cinco formularios, cinco respuestas distintas.

El plazo de su proveedor ya venció, y el suyo no

Esta es la parte que decide qué hacer hoy, y no está en ninguna de las páginas que venden software.

La disposición final cuarta no da una sola fecha, da tres. A los obligados del artículo 3.2, que son «los productores y comercializadores» de los sistemas, les da «nueve meses desde la entrada en vigor de la orden ministerial» que desarrolla el reglamento¹. Esa orden es la HAC/1177/2024, y su disposición final única la puso en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado³. Se publicó el 28 de octubre de 2024, así que entró en vigor el 29 y los nueve meses vencieron el 29 de julio de 2025.

Y ese párrafo no se movió. El Real Decreto-ley 15/2025 reescribió las fechas del artículo 3.1 y dejó el reloj del fabricante colgado de la orden, donde estaba².

De modo que hoy la situación es ésta: el programa con el que factura ya debería cumplir el reglamento, desde hace más de un año, mientras que usted todavía no está obligado a nada. Lo que toca, por tanto, no es comprar: es preguntar.

El artículo 13 pone la carga en el productor, que debe «certificar, mediante una declaración responsable, que el sistema informático cumple» el reglamento. El apartado 2 exige que conste por escrito «y de modo visible en el propio sistema informático en cada una de sus versiones», y el apartado 3 permite expresamente al cliente solicitarla¹. Es gratis, es un documento y ya debería existir.

Las dos rutas, y la que parece peor es la buena

El artículo 7 ofrece dos opciones: un sistema informático propio que cumpla el reglamento, o la aplicación que desarrolle la Administración¹. Y sobre la primera, el artículo 16 define una categoría: el sistema que además remite «de forma continuada, segura, correcta, íntegra, automática, consecutiva, instantánea y fehaciente» todos los registros a la Agencia Tributaria es un «Sistema de emisión de facturas verificables», o VERI*FACTU¹.

Enviar es voluntario. Lo que casi nadie cuenta es lo que se obtiene a cambio:

El sistema que se lo envía todo a Hacienda tiene menos requisitos técnicos que el que conserva los registros en casa. El artículo 16.2 presume que cumple por diseño los requisitos del artículo 8 y le excluye del artículo 14.2; el 16.3 le dice que no tiene obligación de firmar electrónicamente los registros, «siendo suficiente con que calculen la huella o hash»¹. Renunciar a la remisión no es la salida ligera: es la pesada.

Un detalle del que conviene saber antes de empezar: no hay un formulario de alta. El artículo 16.5 dice que se entiende que se opta «por el hecho de iniciar sistemáticamente la remisión», y que la opción «se prolongará, al menos, hasta la finalización del año natural» del primer envío¹. Se entra empezando, y hasta fin de año no se sale.

Y una nota para quien piense que declinar la remisión le mantiene desconectado de la Administración: el artículo 8.1 exige que todo sistema, remita o no, «deberá tener capacidad de remitir por medios electrónicos a la Administración tributaria» los registros¹. La capacidad es obligatoria en los dos casos; lo voluntario es usarla.

La sanción grande no es la suya

El artículo 201 bis de la Ley General Tributaria es de 2021, dos años anterior al reglamento que le da contenido, y reparte en dos tramos muy desiguales⁴:

Los 150.000 euros caen sobre quien fabrica o vende, y se multiplican por dos magnitudes a la vez: por cada ejercicio económico en el que se hayan producido ventas y por cada tipo distinto de sistema⁴. Dos ejercicios y tres productos son 900.000 euros.

Sobre el usuario final recaen 50.000 euros por ejercicio, y aquí hay un matiz que las páginas que citan esa cifra para asustar no suelen hacer. El apartado 2 no sanciona cualquier sistema no conforme: sanciona la tenencia de los que «no estén debidamente certificados teniendo que estarlo por disposición reglamentaria», o de los dispositivos certificados que se hayan alterado ⁴. Y el Real Decreto 1007/2023 no estableció un régimen de certificación: eligió la declaración responsable del productor¹. Si esa condición se cumple es una lectura discutible, y aquí no la vamos a resolver: lo sensato es preguntarlo antes de dar por hecha la cifra mayor.

Lo que sí es seguro: ninguna de las dos admite la reducción del 30 % por conformidad, porque el artículo 188.1 la reserva a los artículos 191 a 197. Sólo les llega el 40 % de pronto pago del artículo 188.3⁷. Y el párrafo segundo del apartado 2 evita la doble sanción: quien ya ha sido sancionado por el apartado 1 no puede serlo además por el 2⁴.

No es la factura electrónica obligatoria

Ésta es la confusión más extendida sobre el tema, y tiene una causa identificable que veremos al final. Son dos obligaciones distintas:

Esa última fila es la que importa. La disposición final octava de la Ley 18/2022 no fija ninguna fecha para el artículo 12. Sus efectos corren «al año de aprobarse el desarrollo reglamentario» para quien factura más de ocho millones de euros y «a los dos años» para el resto, y añade que «la entrada en vigor del artículo 12 está supeditada a la obtención de la excepción comunitaria a los artículos 218 y 232 de la Directiva 2006/112/CE»⁶.

Son dos condiciones suspensivas y ninguna es un día del calendario. Así que cualquier página que imprima una fecha para la factura electrónica B2B está imprimiendo algo que el texto legal no contiene. No decimos aquí en qué estado está cada una de las dos condiciones, porque eso cambia y no lo hemos comprobado: decimos cómo funciona el mecanismo, que es lo que se puede leer en el BOE en un minuto.

¿Y por qué se confunden tanto? Porque la propia ley de la factura electrónica apunta al reglamento de Verifactu. El apartado 6 del artículo 2 bis de la Ley 56/2007, en la redacción que le dio la Ley 18/2022, dice que los sistemas que gestionen la facturación «deberán respetar los requisitos a los que se refiere el artículo 29.2.j) de la Ley 58/2003», que es exactamente el precepto del que cuelga Verifactu⁶. Están enlazadas; no son la misma.

Un ejemplo con números reales

Una sociedad limitada de Valencia factura con un programa de gestión, no está en el SII y tiene su domicilio fiscal en territorio común.

Entra por el artículo 3.1.a), porque es contribuyente del Impuesto sobre Sociedades, así que su fecha es el 1 de enero de 2027. Si el mismo negocio lo llevara un autónomo, entraría por la letra b) y tendría hasta el 1 de julio de 2027: seis meses más, por la forma jurídica.

En los dos casos, el proveedor del programa estaba obligado a ofrecerlo plenamente adaptado el 29 de julio de 2025. Así que lo que hay que hacer en septiembre de 2026 no es comprar nada: es pedirle la declaración responsable del artículo 13 y comprobar qué ruta implementa. Si el programa remite los registros, la empresa se ahorra la firma electrónica y el registro de eventos propio, y se presume que cumple por diseño.

Y si esa sociedad decidiera acogerse voluntariamente al SII por el segundo párrafo del artículo 62.6 del reglamento del IVA, saldría del ámbito de Verifactu por completo, aunque a cambio asumiría el suministro inmediato de información.

Puede comprobar su caso, su fecha y la comparación de las dos rutas en la calculadora de Verifactu.