Qué es el IPREM y qué umbrales decide

El IPREM es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Es la cifra con la que la Administración decide si sus ingresos son bajos: aparece en el umbral de la justicia gratuita, en las ayudas al alquiler, en los topes del paro y en centenares de convocatorias de becas y subvenciones. No es un salario y no lo cobra nadie. Es una vara de medir.

Y es una vara de medir con dos rarezas que explican casi todas las confusiones que rodean al término. La primera es que no es una cifra, sino cuatro. La segunda es que lleva desde el 1 de enero de 2023 sin moverse, mientras el salario mínimo que vino a sustituir ha subido todos los años.

Por qué existe el IPREM

Hasta 2004, el salario mínimo interprofesional hacía dos trabajos a la vez. Fijaba el sueldo más bajo que se podía pagar a un trabajador y, además, servía de referencia para decidir quién accedía a una ayuda pública. Eso ataba las dos decisiones de una manera incómoda: cada subida de los salarios más bajos expulsaba automáticamente a gente de las becas, de la justicia gratuita o de una ayuda de vivienda, porque el umbral subía con el salario.

El artículo 1 del Real Decreto-ley 3/2004 cortó ese nudo. Dispuso que el salario mínimo «se desvinculará de otros efectos o finalidades» distintas de la estrictamente laboral¹, y el artículo 2 creó el IPREM para ocupar el hueco que dejaba: un indicador «que sirva para determinar la cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a determinadas prestaciones, beneficios o servicios públicos, y pueda sustituir en esta función al salario mínimo interprofesional».

El cambio se hizo de golpe y de forma automática. El artículo 2.3 dice que, desde su entrada en vigor, las referencias al salario mínimo contenidas en las normas del Estado «cualquiera que sea su rango» se entienden hechas al IPREM, salvo las que el propio artículo 1 salvó expresamente. Es decir: no hubo que reescribir cientos de normas, se cambió el significado de una palabra.

Las cuatro cuantías, y de dónde sale la cuarta

Las cuantías vigentes están en la disposición adicional nonagésima de la Ley 31/2022²:

Las tres primeras son simples: 600 × 12 son 7.200. La cuarta es la que se explica mal en todas partes, y merece leer la letra d) entera:

En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-ley 3/2004 […] la cuantía anual del IPREM será de 8.400 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 7.200 euros.

Dos cosas saltan a la vista si se lee despacio. La primera es que la cifra alta es la regla y la baja la excepción: hay que excluir las pagas expresamente para bajar a 7.200. La segunda es que ninguna de las dos habla de las pagas del IPREM, porque el IPREM no tiene pagas. Hablan de si la norma que usted está leyendo venía de un salario mínimo anual, que sí las tenía. Los 8.400 euros son 600 × 14 porque el salario mínimo se paga catorce veces, no porque el indicador lo haga.

La prueba práctica: lea qué dice su norma

De ahí sale una regla que puede aplicar usted mismo, y dos normas vivas la demuestran mejor que cualquier explicación.

El artículo 3.1 de la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita fija el umbral en dos, dos y media o tres veces el IPREM según el tamaño de la unidad familiar⁶. Pero hasta 2013 ese artículo decía «el doble del salario mínimo interprofesional»: era una referencia sustituida, de las que entran en la letra d). El Real Decreto-ley 3/2013 lo reescribió para nombrar el IPREM directamente y, al hacerlo, lo sacó de esa letra. Por eso sus umbrales se calculan sobre 7.200 euros: dos veces son 14.400 €, dos veces y media 18.000 € y tres veces 21.600 €, que son exactamente las cifras que se publican.

El artículo 8.2.b) del Real Decreto 326/2026, que regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, hace lo contrario y lo dice sin rodeos: la renta del solicitante «se convertirá en número de veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), referido a 14 pagas»⁷. Todo el Plan va, por tanto, sobre 8.400 euros.

El resultado es que dos normas del Estado, las dos diciendo «veces el IPREM», el mismo año, significan números distintos:

3.600 euros de diferencia sobre el mismo múltiplo. Con 23.000 euros de ingresos, una familia de cuatro miembros se queda fuera de la justicia gratuita y entra en la ayuda de vivienda. Antes de descartarse por un umbral, mire cuál de las dos cosas dice la convocatoria.

Y cada norma tramifica por lo que quiere

Hay una segunda asimetría, menos conocida y igual de práctica: los tramos no siguen la misma lógica de una norma a otra.

La justicia gratuita tramifica por el tamaño de la unidad familiar y por nada más. Dos veces el IPREM para quien no está integrado en ninguna, dos veces y media con menos de cuatro miembros, tres veces con cuatro o más o siendo familia numerosa. No hay tramo por discapacidad, aunque la discapacidad abra otra puerta que veremos más abajo.

Los artículos 116 y 125 del Plan de Vivienda hacen justo lo contrario: no tienen tramo por número de miembros (quien vive solo y una unidad de tres personas comparten el mismo múltiplo) y en cambio suben el umbral por categoría de vulnerabilidad.

Y el mismo plan tiene una tercera ayuda al alquiler, la del artículo 133, reservada a menores de 36 años. Comparte esos mismos múltiplos de 5, 5,5 y 6 veces, pero mide algo distinto: cuenta sólo las rentas del solicitante, mientras que el artículo 116 suma las de todas las personas con domicilio habitual en la vivienda. Quien comparte piso puede entrar en una y no en la otra, y son incompatibles entre sí. Lo explica la calculadora de la ayuda al alquiler joven.

El paro: el mismo indicador, dos aritméticas

La aplicación más buscada del IPREM es el desempleo, y es donde la ley usa el mismo indicador de dos maneras distintas en artículos casi consecutivos.

El artículo 270.2 de la Ley General de la Seguridad Social calcula la prestación contributiva como el 70 % de la base reguladora los primeros 180 días y el 60 % a partir del 181. El artículo 270.3 la encaja después entre un máximo y un mínimo: el máximo es el 175 % del IPREM, o el 200 % y el 225 % con uno o con dos o más hijos a cargo; el mínimo, el 80 %, o el 107 % con hijos⁵.

Y su último párrafo añade la línea que casi ninguna página recoge: a estos efectos se toma «el indicador público de rentas de efectos múltiples mensual vigente en el momento del nacimiento del derecho, incrementado en una sexta parte».

Los porcentajes van sobre 700 euros, no sobre 600. La diferencia no es teórica:

La columna de la derecha no aparece en ningún documento oficial. La de la izquierda es exactamente lo que publica el SEPE⁸, y esa coincidencia es la mejor prueba de que el sexto está ahí.

Catorce artículos más allá, el artículo 278 calcula el subsidio por desempleo como el 95 % del IPREM mensual los primeros 180 días, el 90 % del 181 al 360 y el 80 % a partir del 361 «vigente en cada momento», sin incremento ninguno: 570, 540 y 480 euros. Fíjese en lo que eso produce. El 80 % vale 480 euros en el subsidio y 560 euros como mínimo de la prestación contributiva. Mismo porcentaje, misma ley, dos cifras, y la razón es únicamente que un artículo añade el sexto y el otro no.

(Los tramos del 95 %, 90 % y 80 % son recientes: los introdujo el Real Decreto-ley 2/2024 con efectos desde el 1 de noviembre de 2024. Antes era un 80 % único, que es lo que sigue diciendo cualquier guía anterior a esa fecha.)

Lo que decide si entra no es el IPREM

Aquí está la confusión más cara de todas, porque manda al lector al indicador equivocado en el momento en que más importa.

El artículo 3.1 del Real Decreto-ley 3/2004 dejó expresamente en el salario mínimo los requisitos de rentas y de responsabilidades familiares de la protección por desempleo, y el artículo 3.2 pasó al IPREM únicamente sus cuantías¹. La consecuencia está en la propia LGSS: el artículo 275.1 admite al subsidio si las rentas del mes anterior no superan «el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias» (con el salario mínimo de 2026, 915,75 euros al mes⁴) y el artículo 278 paga después 570 euros.

Un indicador decide si entra y el otro cuánto cobra. El tope de entrada es más alto que la prestación, y como el salario mínimo sube cada año y el IPREM no, la distancia entre los dos se ensancha sola.

La congelación

El artículo 2.2 del Real Decreto-ley 3/2004 no deja margen sobre cómo debería actualizarse la cifra: «Anualmente, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se determinará la cuantía del citado indicador teniendo en cuenta, al menos, la previsión u objetivo de inflación utilizados en ella».

No ha ocurrido. La última Ley de Presupuestos aprobada es la de 2023, y su disposición adicional nonagésima sigue siendo la norma vigente: el bloque tiene una sola versión y nunca se ha modificado. Los decretos-leyes de prórroga han mantenido en vigor las previsiones sociales de esa ley: el Real Decreto-ley 3/2026 lo dice en su disposición adicional primera, «en tanto se apruebe una nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado». Sus artículos 1 a 3 revalorizan las pensiones un 2,7 % para 2026 y actualizan las bases de cotización sin mencionar el IPREM ni una vez³.

Compare las dos trayectorias:

En 2004 los dos indicadores estaban a un 6 % de distancia. Hoy el salario mínimo es más del doble del IPREM mensual. El indicador creado para sustituir al salario mínimo vale menos de la mitad que él, y eso significa que cualquier umbral fijado en IPREM se ha ido estrechando en términos reales todos los años sin que nadie tomara la decisión de estrecharlo.

Qué sigue midiéndose con el salario mínimo

La lista es cerrada, lo que permite comprobarla. Los apartados 2 y 3 del artículo 1 del Real Decreto-ley 3/2004 mantienen atados al salario mínimo:

• el salario en las relaciones laborales de carácter especial y la retribución del contrato para la formación;
• las garantías y preferencias del salario de los artículos 32 y 33 del Estatuto de los Trabajadores, y con ellas los límites de responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial;
• la garantía financiera que deben constituir las empresas de trabajo temporal;
• las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social;
• los requisitos de acceso y mantenimiento de las pensiones de viudedad y orfandad, las prestaciones en favor de familiares y las prestaciones familiares;
• y los requisitos de acceso a las prestaciones por desempleo, en los términos del artículo 3.

Todo lo demás pasó al IPREM. Si la norma que le interesa no está en esa lista y habla de un salario mínimo, casi con seguridad hay que leerla en IPREM.

Un ejemplo con números reales

Una familia de cuatro miembros ingresa 23.000 euros brutos al año y quiere saber a qué llega.

Justicia gratuita. Le corresponde el triple del IPREM del artículo 3.1.c), sobre la base de 7.200 euros: el umbral son 21.600 euros y se queda fuera por 1.400. Pero eso no cierra el asunto, y es una de las cosas más útiles de esta página: el artículo 5.1 de la Ley 1/1996 permite a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita reconocer el derecho «excepcionalmente, mediante resolución motivada» a quienes, superando los límites del artículo 3, no excedan del quíntuplo del IPREM, es decir 36.000 euros, atendiendo a las circunstancias de familia, al número de hijos, a las tasas judiciales o a otros costes del proceso. El artículo 5.2 abre la misma vía por circunstancias de salud o discapacidad. Un umbral en IPREM no siempre es una pared.

Ayuda de vivienda. La ayuda del artículo 125 del Plan Estatal de Vivienda pide tres veces el IPREM también, pero sobre 8.400 euros: el umbral son 25.200 euros y esta vez entra, con 2.200 de margen. Mismo hogar, mismos ingresos, mismo múltiplo, resultados opuestos.

Y si pierde el empleo. Con una base reguladora de 1.900 euros, la prestación es el 70 %, o sea 1.330 euros. Con dos hijos a cargo el máximo es 1.575 y cobra los 1.330 completos; sin hijos, el máximo es 1.225 y cobra eso. Desde el día 181 el 60 % son 1.140 euros, ya por debajo de cualquiera de los dos topes, así que su cobro baja aunque el tope no se haya movido. Y si más adelante pasa al subsidio, cobrará 570 euros mientras el requisito para acceder le permita ingresar hasta 915,75.

Los umbrales que no están aquí

Un aviso necesario. El artículo 2.4 del Real Decreto-ley 3/2004 permite a las comunidades autónomas, a Ceuta y Melilla y a las entidades locales usar el IPREM como referencia de renta «sin perjuicio de su potestad para fijar indicadores propios». Muchas lo hacen, con sus propios múltiplos y a veces con su propia definición de unidad de convivencia. Esos umbrales viven en las bases reguladoras de cada convocatoria y no existe un registro nacional que los recoja, así que para una beca autonómica o una ayuda municipal hay que leer la convocatoria concreta. El tercer modo de la calculadora existe justamente para eso: se pone el múltiplo y la figura que diga esa norma y devuelve el umbral.

Fuera del IPREM se quedan también el Ingreso Mínimo Vital, que tiene su propia escala de renta garantizada, y las becas del Ministerio, cuyos umbrales de renta familiar se publican en euros cada curso.